Ley de jurisdiccion voluntaria

La ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria constituye, en palabras de su Exposición de Motivos, un elemento clave en la modernización de un sector de nuestro Derecho poco conocido pero en el que están en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas y las empresas.  Por expediente de jurisdicción voluntaria se entiende “todos aquellos casos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso” (art. 2 LJV).  La competencia de estos expedientes se atribuye a los juzgados de primera instancia o mercantil, según las materias, pero con un destacado protagonismo de los secretarios judiciales, a los que corresponde el impulso y dirección de los expedientes y, en ocasiones, la resolución de los mismos.

Sin embargo, la principal novedad de la ley es la desjudicialización de determinados expedientes sin contenido jurisdiccional, cuyo conocimiento se atribuye, entre otros, a los notarios que, de nuevo en palabras de la Exposición de Motivos “reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de los actos de la jurisdicción voluntaria”, lo que supone “una nueva dimensión como servidores públicos,consecuente con su real cualificación técnica y el papel relevante que desempeñan en el tráfico”. Esta desjudicialización está motivada por dos razones: una de orden técnico, la constatación de que en estos expedientes no hay actividad jurisdiccional, con lo cual pueden ser encomendados a otros órganos públicos, que, como los notarios, ejercen por delegación del Estado la facultad de dar fe pública en el ámbito extrajudicial; y otra de orden práctico o de eficiencia, tanto para la Administración (permite destinar los limitados recursos públicos disponibles en materia de Justicia a la actividad puramente jurisdiccional), como para el ciudadano y las empresas, que tendrán el derecho de elegir el órgano público ante el que tramitar el expediente en función de su coste, celeridad y profesionalidad. Por tanto, rige con carácter general el criterio de la “alternatividad”, pues los expedientes de jurisdicción voluntaria desjudicializados se atribuyen a secretarios judiciales, notarios y registradores, a veces a todos ellos (como sucede con la conciliación), a veces a dos de ellos. Son, por tanto, excepcionales, los supuestos de atribución exclusiva al notario y en estos casos, para evitar el perjuicio al interesado, se reconoce el beneficio de la justicia gratuita.

En cuanto a la técnica utilizada por el legislador, la LJV se limita a regular los expedientes de jurisdicción voluntaria “que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales” (artículo 1 LJV); en cambio, la atribución al notario de competencias se hace combinando la regulación sustantiva del Código Civil y la formal de la Ley del Notariado, a la que se añade un título VII con una extensión mayor que el resto del articulado de la ley rectora del notariado.

Descendiendo a los distintos supuestos en que se prevé la intervención notarial, destaca, por su éxito mediático, la celebración del matrimonio. En efecto, el notario podrá, a partir del 23 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor de la ley, autorizar la escritura de contrato matrimonial (D.T.4ª) y, a partir del 30 de junio de 2017, extender el acta previa para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de obstáculos para contraer matrimonio.

Más importante es la posibilidad de acudir al notario para la separación o divorcio de mutuo acuerdo, siempre que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores. La función del notario se extiende incluso a la valoración de aquellos pactos contenidos en el convenio regulador que puedan ser dañosos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges o para los hijos mayores. Este expediente, por tanto, garantiza una rápida resolución del conflicto conyugal en caso de acuerdo de las partes, que en todo caso deben contar con asistencia letrada.

En materia sucesoria, junto a expedientes menores (como los relativos al contador partidor dativo y albaceazgo) especial interés tiene la nueva regulación de las actas de declaración de herederos abintestato, que deroga tácitamente el artículo 209bis del reglamento notarial. La reforma es profunda, empezando por atribuir al notario la competencia en exclusiva de estos expedientes, salvo que el heredero sea el Estado; ampliando notablemente la competencia territorial del notario, que ya no se limita al correspondiente al último domicilio del causante; y completando las pruebas y el procedimiento para la obtención de este título formal sucesorio.

También se atribuye al notario la adveración y protocolización de los testamentos cerrados, ológrafos y, lo que constituye una verdadera novedad, los llamados “testamentos otorgados en forma oral”, por ejemplo el que el testador haya grabado en un video que conserva en su smartphone. ¿Significa esto que nuestro legislador sucumbe la viralidad del testamento “youtube”? Parece que no, ya que la misma ley exige la acreditación de la “causa legal” en que se funda, que no es otra que la celebración del testamento en peligro de muerte, supuesto absolutamente excepcional en la práctica.

Más importancia práctica tendrá, a mi juicio, el beneficio de inventario, que ya no es judicial, sino notarial y que constituía una necesidad social ante el cada vez mayor número de renuncias a la herencia por el riesgo de tener que pagar deudas del causante con bienes propios del heredero por la exigencia del artículo 1.103 del Código Civil. En consecuencial, la aceptación a beneficio de inventario será un expediente más sencillo  y desde luego una mejor opción para aquellos herederos que, ante la duda sobre la existencia o alcance de las deudas del causante, quieran limitar la responsabilidad solo a los bienes de la herencia, dejando a salvo su patrimonio personal.

En materia de obligaciones se admite la posibilidad de que el ofrecimiento del pago y la consignación de los bienes se realicen ante notario. Pero, sobre todo, debe destacarse la regulación de la reclamación de deudas dinerarias no contradichas, que permite reclamar notarialmente créditos no impugnados y lograr la carta de pago o, en su defecto, un título ejecutivo de fácil realización, tanto dentro como fuera de España. Se pretende así, como dice la Exposición de Motivos, “que esta nueva vía para la reclamación de cantidades líquidas ya vencidas y no pagadas puede contribuir de forma notable a una importante disminución del volumen de asuntos que ingresa anualmente en los juzgados, al constituir una alternativa a la reclamación de las deudas en vía judicial”.

Por otro lado, se regula ex novo la “subasta notarial” y que después de la anulación del artículo 220 del reglamento notarial estaba en la sombra, aunque su entrada en vigor se pospone al 15 de octubre de 2015. Se trata de las subastas que se hacen ante notario en cumplimiento de una disposición legal, de una resolución judicial o administrativa, de una cláusula contractual o testamentaria, en ejecución de un laudo arbitral o acuerdo de mediación, o mediante un pacto especial en instrumento público. Las posibilidades que ofrece esta norma, ahora y en el futuro, como medio de apoyo a la actividad jurisdiccional o administrativa, son muy grandes. Y la regulación es precisa, garantista y eficiente,  al ser una subasta electrónica que se celebra a través del portal de subastas del BOE y con el control notarial.

Finalmente, junto a otros expedientes “menores” en materia mercantil, supone una importante novedad la “conciliación notarial” como alternativa a la conciliación judicial (de los artículos 139 y siguientes LJV) o registral (artículo 103bis LH). El notario, por su cercanía con las personas y su “auctoritas” están en condiciones óptimas de lograr el objetivo de conciliar los distintos intereses de  las partes sobre cualquier controversia contractual, mercantil, sucesoria, familiar, inmobiliaria o urbanística, siempre que no sean materias indisponibles. Conciliación notarial que, además, tendrá la eficacia general del instrumento público y en especial fuerza ejecutiva.

Una vez revisado el panorama que, para los notarios, presenta esta ley, la conclusión no puede ser más que positiva. Por un lado, porque la atribución de competencias en materia de jurisdicción voluntaria supone el reconocimiento de la posición institucional del notario (como un órgano público, al servicio de la seguridad jurídica, capaz de asumir expedientes en interés del ciudadano sin merma de sus garantías) y de su eficiencia como operador del tráfico jurídico (al valorar su profesionalidad y contribuir, de manera indirecta, a la optimización de los recursos públicos en materia de Justicia). Se comprende así que los notarios hayan recibido con esperanza esta ley, que hace efectiva la hasta ahora vacía proclamación del artículo 3 del reglamento notarial, que define al notario como “órgano de la jurisdicción voluntaria” y que da pleno sentido a esa conocida frase de Joaquín Costa que constituye una de las divisas de la función notarial: “a notaría abierta, juzgado cerrado”.

 

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